Entre las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, conforme al artículo 31.1.2ª del Estatuto de Autonomía, destaca la observación del territorio, así como su medición y representación gráfica. Estas herramientas son esenciales para la ordenación y planificación del territorio y para diseñar, evaluar y difundir políticas públicas.

En mayo de 2010, y en ejercicio de esta competencia, se publicó el Decreto 93/2010, de 1 de junio, de Ordenación de la Actividad Cartográfica de Castilla-La Mancha, integrando por primera vez a la región en el Sistema Cartográfico Nacional.

Aunque el Estado y las comunidades autónomas han ido regulando su propia producción cartográfica, la ausencia de un marco legal específico en Castilla-La Mancha ha generado problemas de coordinación entre administraciones, duplicidad de esfuerzos, escasa interoperabilidad entre sistemas y dificultades en el acceso, reutilización y estandarización de datos geográficos públicos.

Además, la información geográfica tiene un impacto relevante en la ciudadanía. La rapidez informativa puede llevar a sesgos y errores en la verificación de fuentes; por ello, la cartografía debe garantizar información ágil, veraz y transparente.

Con la nueva norma se pretende regular la actividad cartográfica en la región y establecer un marco institucional y técnico común para todas las administraciones públicas. Entre los elementos clave figuran la designación del Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha como órgano técnico de referencia, así como la creación o actualización de instrumentos como planes cartográficos, normas técnicas, catálogos, servicios interoperables, infraestructura de datos espaciales y los metadatos asociados.

Para instaurar un Sistema Cartográfico en Castilla-La Mancha es necesaria una norma de rango suficiente que sea aplicable y vinculante para las distintas administraciones públicas. Por ello se plantea impulsar la tramitación de una ley que establezca el marco básico y perdurable desde el que desarrollar la actividad cartográfica en el ámbito de las competencias sectoriales.

Se ha abierto un proceso de participación ciudadana para recoger aportaciones sobre el contenido de la futura norma. Las contribuciones podrán remitirse hasta el 18 de diciembre de 2025 a través del espacio de Consultas Públicas Previas, conforme al Acuerdo de 1 de febrero de 2022 y a lo previsto en la Ley 39/2015.

La consulta, disponible en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha

Publicado por la editora.